Cruz de los Caídos de Aspe

Cruz de los Caídos de Aspe.

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107 muertos, un solo monumento

Croquis del monumento de homenaje a los caídos por España de Aspe realizado por el aparejador del Ayuntamiento, Higinio Perlasia. 

José Ramón García Gandía

“En los momentos en que con la victoria final recogemos los frutos de tanto sacrificio y heroísmo, mi corazón está con los combatientes de España, y mi recuerdo, con los caídos para siempre en su servicio”[1]. De esta forma transmitía las palabras de Franco el general Saliquet el 3 de abril de 1939 recién acabada la guerra. Un mes más tarde, en Valencia, el generalísimo en persona explicaría que la victoria no era de los vencedores sino que éstos no eran más que sus administradores. La guerra la habían ganado los mártires y los héroes que habían vertido su sangre por ella. La obligación del nuevo régimen era, por tanto, tener siempre presente el espíritu de los perecidos. De esta forma, se recurriría al recuerdo de los muertos como una necesaria fuente de legitimación para consolidar su victoria[2].

Los fallecidos en la guerra estuvieron presentes en los desfiles que, durante los meses de abril y mayo de 1939, sumieron al país en fastos victoriosos por el final de la contienda. Y, a lo largo del inicio del régimen franquista, quedarían plasmados en los monumentos y cruces que se levantarían por todo el país[3], en virtud de un decreto de la jefatura del Estado de 16 de octubre de 1938[4]. Se realizaron masivos funerales y se celebrarían misas, demostraciones y desfiles[5].

Los múltiples monumentos a los caídos que se levantaron por toda la España franquista estuvieron sometidos al severo control del nuevo Estado[6]. En ellos latía una intención política de afirmación del nuevo régimen, un régimen que dejaba fuera a esos otros españoles derrotados y humillados de la Anti-España. La finalidad política de estos monumentos iba desde recordar la victoria; ensalzar a los vencedores; someter a los vencidos y mostrar al pueblo algunos de los fundamentos del nuevo régimen a la simple exaltación del poder[7].

La regulación de la construcción de monumentos se realizó a través de la Orden de 7 de agosto de 1939 del Ministerio de la Gobernación[8]. Su finalidad era la de “dar unidad de estilo y de sentido a la perpetuación por monumentos de los hechos y personas de la historia de España, y en especial a los conmemorativos, de la guerra y en honor de los caídos”. Todas las iniciativas debían ser aprobadas por el Ministerio de la Gobernación quien, por medio de la Jefatura Nacional del Servicio de Propaganda, quedaba encargado de evaluar las propuestas y de comunicar a los interesados la viabilidad de las mismas. La orden de 1939 no aclaraba, sin embargo, el procedimiento burocrático que debían recorrer los proyectos.

Para aclarar la cuestión, el 30 de octubre de 1940, se emitía otra orden explicitando dicho procedimiento[9]. En primer lugar, todas las iniciativas conmemorativas debían presentarse en los gobiernos civiles para que éstos las elevasen a la Dirección General de Propaganda, quien sometía los proyectos al informe técnico y artístico de la Dirección General de Arquitectura. Finalmente, se comunicaba que todas las solicitudes serían resueltas, en última instancia, por las dependencias falangistas de la Subsecretaría de Prensa y Propaganda del Ministerio de la Gobernación ocupado por Serrano Suñer.

De forma más precisa, era el Departamento de Plástica, relacionado con la llamada Comisión de Estilo de las Conmemoraciones de la Patria[10], quien se encargaba de tramitar y emitir los informes de los proyectos recibidos y tenía por finalidad establecer las normas de todo lo que concerniera “a la construcción de edificios o edículos, erección de monumentos, fijación de lápidas y sus inscripciones y hasta atribución de nombres a lugares o cambio de los que tuvieran, así como cualquier otra forma de conmemoración artística del sentido, acontecimientos, figuras, glorias y duelos de la actual lucha nacional de España, así como las de su glorioso pasado histórico”.

Según se apuntaba en el preámbulo de la orden por la que se creaba la Comisión, con ella se pretendía evitar los peligros: “que para el decoro estético y hasta para la dignidad civil de las grandes urbes, como de las modestas aldeas, significa el dejar abandonada a la iniciativa particular o a la espontánea y frecuentemente poco avisada de las Corporaciones locales, cuanto se refiere al estilo y realización de monumentos patrióticos, memoriales a los caídos, inscripciones lapidarias y otras formas materiales de homenaje, destinadas a multiplicarse, sin duda, y a través de las cuales aparece muchas veces retrospectivamente trocada la epopeya en caricatura”[11].

Las directrices para el levantamiento de construcciones a los caídos que salían de la Dirección General de Arquitectura y de la Sección de Plástica se basaban en los siguientes principios: sobriedad; austeridad; clasicismo; sencillez y decoro, características que formaban parte del ideal arquitectónico del franquismo[12]. Todo ello, por supuesto, coronado con la cruz como elemento principal del monumento.

Siguiendo estas coordenadas estéticas falangistas, los proyectos de monumentos debían ser diseñados por un arquitecto o aparejador. Debían adjuntar un plano del emplazamiento y, si fuera posible, aportar fotos del estado actual del sitio en el que se pensaba levantar. El dossier se debía enviar a la Censura de la Secretaría General de Propaganda y, en el caso de que contuviesen motivos escultóricos, se debía adjuntar un informe del escultor, con bocetos y fotografías. La causa por la que una parte importante de proyectos quedaban desestimados desde las instancias oficiales se debía al hecho de no cumplir con el decoro y la sobriedad antes expuesta. La sencillez era una coordenada imprescindible en todos los aspectos de la vida pública[13].

El símbolo clave en todos los monumentos debía ser la cruz. Una cruz decorosa, proporcionada y que quedase integrada dentro del conjunto monumental[14]. No cabían, por tanto, en los esquemas sobrios del departamento de Plástica grandes proporciones ni ornamentos ni tampoco era recomendable destacar el símbolo en cuestión a base de iluminaciones estridentes. Ni mucho menos añadirle emblemas o símbolos adicionales, al margen de los oficiales del régimen.

El control de la Falange quedó patente en la elección del 29 de octubre como día para la inauguración de estos monumentos que, a partir de 1940, proliferaron por toda la geografía española[15].

Aparte de la cruz, existieron también otra serie de elementos iconográficos que se utilizaron de manera constante en los diversos monumentos a los caídos. Entre ellos, cabría destacar el yugo y las flechas, el escudo de España, el emblema del VÍCTOR, u otras figuras simbólicas y alegóricas que, como el águila o el laurel, transmitían mensajes de fuerza, poder y victoria[16].

En la práctica, existía una recomendación, enviada por medio de una circular del Ministerio de la Gobernación y destinada a los gobernadores civiles para que instasen a las Gestoras Municipales a construir, en un lugar señalado de la población, un monumento a los “caídos “por Dios y por España”. El monumento iría presidido por la estela de José Antonio Primo de Rivera, el símbolo de la cruz y entre 15 y 20 nombres de vecinos nacionales caídos a causa de la guerra civil. En Aspe, de esta forma, en el acta nº 3 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de 20 de septiembre de 1940 encontramos la siguiente anotación: “Se acuerda el estudio de petición que formula el Gestor Sr. González Avellán[17]en el sentido de la construcción de un monumento a los caídos en la localidad, por Dios y por España”[18].

El monumento fue encargado al recién repuesto aparejador municipal y Jefe local de Investigación e Información de la FET y de las JONS, Higinio Perlasia Rigal, que diseñó un boceto y se encargó de encontrar los nombres que acompañarían a José Antonio en el monumento. Se eligió la fachada más cercana al Ayuntamiento, la que da a la calle Santa Teresa, donde todavía se encuentra.

El boceto inicial incluía catorce nombres. Trece se encuentran en el monumento actual ya que uno de ellos no llegó a incorporarse, el de “D. SÁNCHEZ” y una placa al final con la leyenda “PRESENTES”. Posteriormente, se añadieron dos nombres más para alcanzar la cifra de quince: tres asesinados en la población[19]; cinco caídos en el frente[20]; cinco, nacidos en Aspe con domicilio en otros lugares[21]; uno de ellos contiene un error en el nombre[22] y uno del que no tenemos ningún dato[23].

Composición final del monumento en una de las paredes la Basílica Nuestra Señora del Socorro.

Hace ya más de seis años las Cortes Generales aprobaron la denominada ley de la Memoria Histórica[24]. En el tema que  nos ocupa su artículo 15 se expresa de la siguiente forma:

“Símbolos y monumentos públicos.1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura (…). 2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley.3. El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior”.

La aprobación de esta ley ha suscitado un intenso debate político, jurídico, histórico e incluso moral en la sociedad española. Para algunos representa abrir heridas del pasado, para otros un intento de cierre de las injusticias y atrocidades cometidas durante el Franquismo.

La discusión, acrecentada en los últimos años, sobre la presencia de estos símbolos en pueblos y ciudades de buena parte del territorio español, y sobre qué hacer con ellos, se inscribe en un debate más amplio que desde hace algún tiempo ocupa a la sociedad civil, al mundo académico y, por supuesto, a los políticos y a sus partidos. Algo que tiene que ver con el recuerdo colectivo de la guerra civil y del posterior régimen de Franco; con la herencia del pasado y con la justicia retroactiva. Al tratarse de un tema delicado, como todos los relacionados con la memoria histórica, la discusión en los medios de comunicación y en el ámbito político ha alcanzado un tono poco recomendable como para abordarlo con unos mínimos de serenidad y sentido común.

El estudio de la memoria de la Dictadura, de su papel en la Transición y de su presencia actual, debe incluir en su totalidad el análisis de varios elementos: la represión tras la guerra civil, los desaparecidos, el exilio, su presencia en la cultura política, su pervivencia en comportamientos individuales y colectivos e incluso institucionales y el mantenimiento de los símbolos que, a través de los fallecidos, pretendió legitimar el régimen.

Nada tiene de excepcional la tendencia del Franquismo a la proliferación de símbolos y al levantamiento de monumentos y estatuas, algo común en la mayoría de las dictaduras. Dos cuestiones principales favorecen esta circunstancia: la ausencia de legitimidad democrática impulsa la búsqueda de un líder carismático que, junto con la ausencia de crítica interna, fomenta su culto y lo que representa. No obstante, los problemas aplazados siguen sin estar resueltos y, tras la Transición y la consolidación de la Democracia, tiempo después vuelven a aflorar. La retirada de los símbolos aplazada estratégicamente en la Transición, donde ni siquiera se planteó qué hacer con ellos, una vez desactivado el peligro involucionista y consolidado el nuevo sistema político, ha abierto, de nuevo, la discusión sobre lo adecuado o no de su permanencia.

En concreto, los monumentos a los “Caídos por Dios y por España”, que se extendieron por toda la geografía, se articularon desde el Gobierno por medio de unas directrices de obligado cumplimiento. Estos monumentos, presentes en los cementerios, plazas e iglesias de prácticamente todas las ciudades y poblaciones, se hicieron en homenaje de los caídos locales, los únicos dignos de serlo y que utilizó para su afirmación política. Para la colocación de estas placas se dictaron órdenes concretas (quién podía figurar en ellas, los trámites a seguir, las características y contenidos de cada placa…) y se contó, en todo momento, con la buena disposición y colaboración de la Iglesia Católica, que cedió sus templos para la colocación de uno de los símbolos más conocidos del Franquismo. Estas ceremonias a los caídos representan la conmemoración de la victoria, así como la legitimización de un gobierno que surgirá tras una guerra provocada por un levantamiento militar, vinculando la idea de los caídos a la unidad de la patria e incluso, garantizar la salvación eterna a aquellos que cayeron por ella.

Efectivamente, durante la Transición no se abordó desde el Gobierno qué hacer con los símbolos del Franquismo (o, si se prefiere, se resolvió no hacer nada), y la decisión quedó en manos de los poderes municipales. De esta forma, la permanencia de los símbolos, monumentos, esculturas y demás lugares de memoria de la Dictadura tras su desaparición, fue entendida por diversos grupos sociales como claro ejemplo de la subsistencia de su ideario, memoria y valores. Para estos grupos, la continuidad de los símbolos se convertiría en signo de persistencia del régimen anterior, al haber logrado permanecer inalterables en el tiempo[25].

En comunidades autónomas con una identidad definida y en las que el nacionalismo español no ha perdido en ningún momento su fuerza, como ocurre con la Comunidad Valenciana, la movilización social en torno a los símbolos ha sido grande, organizada y, en ocasiones, ha rendido sus frutos. Sin embargo, la presencia arraigada de defensores del régimen franquista ha permitido que algunos de estos monumentos, cuando la autoridad municipal así lo decidió, perdurasen a lo largo de los años, manteniéndose todavía en sus ubicaciones originales.

En tanto en cuanto la utilización de un nombre con resonancias franquistas no se convierta en un problema para sus autoridades por el incremento de la presión social o mediática, desde el exterior o desde la propia localidad; en tanto en cuanto no existan contrapartidas que faciliten y favorezcan una decisión de cambio; o mientras que no se obligue por ley a los ayuntamientos en este sentido, parece más que difícil acabar con el problema. Los monumentos franquistas ubicados en núcleos urbanos son competencia de los propios ayuntamientos, quienes tienen la última palabra sobre su destino: si se trasladan a un museo o a otro lugar, si se desmantelan, si se conservan, si se restauran o si se abandonan, etc.

La subsistencia de estos símbolos, de hecho, ha sido y es prueba del éxito de dichas políticas de memoria. El que durante la Transición no se abordasen estas cuestiones ha permitido que el problema llegue hasta la actualidad: su presencia física ha impedido su conversión en política de olvido. En este sentido, la mayor parte de los homenajes a víctimas de la guerra civil, en la actualidad, siguen siendo los efectuados a víctimas franquistas.

Efectivamente, es competencia de las autoridades, incluidas las del ámbito municipal, velar por la promoción y el respeto de los principios y valores democráticos recogidos en nuestro ordenamiento constitucional. Dado que la construcción del marco simbólico democrático de los pueblos y ciudades es, en buena medida, competencia municipal[26] también es responsabilidad suya evitar todo aquello que contribuya a la confusión o entre en contradicción con los valores defendidos por nuestra Constitución. En aquellos casos en que no sea posible o conveniente la retirada de determinados monumentos, debido a las características de los mismos, es cuando menos aconsejable desactivar su carga simbólica, bien añadiendo elementos que aclaren su origen y función histórica (a través de carteles o letreros que lo indiquen), bien eliminando los símbolos políticos más evidentes (escudos, leyendas, etc.).

En este sentido y, en relación a las placas de Aspe, creemos que se hace necesario anular la función con la que fueron creadas. En lugar de exaltar a un régimen fascista puede servir para explicar a las generaciones futuras que el fascismo español olvidó a 92 aspenses y honró a 15.

Propuesta de atril de homenaje a todos los caídos de Aspe en la guerra civil española y en la posterior represión franquista.

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[1]Arriba, 04/04/1939.

[2] Zira BOX VARELA, La fundación de un Régimen. La construcción simbólica del Franquismo, Memoria para optar al Grado de Doctor, pág. 174, Universidad Complutense de Madrid, 2008.

[3]José Antonio PÉREZ TORREBLANCA, “Cruces de los caídos en los campos de España”, Arriba, 29/10/1940.

[4]El decreto de la Jefatura del Estado del 16 de noviembre de 1938 proclamaba “día de luto” nacional el 20 de noviembre de cada año, en memoria del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera un día como ese de 1936, y establecía, “previo acuerdo con las autoridades eclesiásticas”, que “en los muros de cada parroquia figurara una inscripción que contenga los nombres de sus Caídos, ya en la presente Cruzada, ya víctimas de la revolución marxista”. Julián CASANOVA RUIZ, La Iglesia de Franco, pág. 126. Madrid, 2001.

[5]En los aniversarios de las batallas importantes de la guerra, así como de las “matanzas perpetradas por los rojos”, se realizaban misas, desfiles y ofrendas en recuerdo de los perecidos por toda la geografía española.

[6]El arte y la arquitectura estaban estrechamente interrelacionados con la política, concibiéndose como actividades propias de esta última. Ver Ángel LLORENTE HERNÁNDEZ, Arte e ideología en el franquismo (1936-1951), pág. 68, Madrid, 1995.

[7]Ana Luisa BARRERA TRUJILLO, Monumentos a los caídos de la guerra civil española en la isla de Tenerife, págs. 49-50, Universidad de La Laguna, 1998.

[8]BOE, 22/08/1939.

[9]BOE, 12/11/1940.

[10]Así lo señala Ángel LLORENTE HERNÁNDEZ, Arte e ideología en el franquismo, pág. 93. Se puede también ver del mismo autor, “La propaganda por la imagen y el arte en la postguerra. La Comisión de Estilo en las conmemoraciones de la Patria y el Departamento de Plástica entre 1939-1945”, en Javier TUSELL GÓMEZ (ed.), El régimen de Franco. 1936-1975: política y relaciones exteriores, págs. 453-462, UNED, 1993.

[11]BOE, 22/02/1938.

[12]Ángel LLORENTE HERNÁNDEZ, Arte e ideología en el franquismo, pág. 280.

[13]“Invitación a la sobriedad en la vida pública”, Arriba, 04/07/1939.

[14]El 12 de diciembre de 1939 se devolvía el oficio de la Jefatura provincial de Huesca del Servicio Nacional de Propaganda en el que se presentaba el proyecto del Monumento a los Caídos en el pueblo oscense de Vicien por carecer del indispensable informe del arquitecto, por no tener proporción ni belleza y por no resolver la cruz “de una manera sobria y severa”. En AGA (Archivo General de la Administración), Cultura, 21/1477.

[15]AGA, Presidencia, Delegación Nacional de Provincias, 51/20504. El Discurso pronunciado por José Antonio en el Teatro de la Comedia de Madrid, el 29 de octubre de 1933 se considera como la fundación de la Falange.

[16]Ana Luisa BARRERA TRUJILLO, Monumentos a los caídos de la guerra civil española en la isla de Tenerife, págs. 55-60. Ángel Llorente ha señalado que durante la guerra civil algunos de los monumentos que se construyeron carecían de emblemas o escudos, lo cual motivó que desde las instancias oficiales se ordenase que se añadieran dichos emblemas. Ángel LLORENTE HERNÁNDEZ, Arte e ideología en el franquismo, pág. 279.

[17]Javier González Avellán, miembro de la Falange local, sobrevivió al linchamiento que junto a su suegro, Ramón Calpena Cañizares y su cuñado, Luis Calpena Pastor, sufrieron en la Plaza de la República el 8 de julio de 1937. Estos dos últimos fallecieron y encabezarían el monumento que debía de diseñarse.

[18]AMA (Archivo Municipal de Aspe), Actas de Pleno  1940-1941, fol. 5v y ss.

[19]Ramón Calpena Cañizares, Luis Calpena Pastor y Francisco Botella Pastor.

[20]Luis Caparrós Castelló, Francisco Cremades Galinsoga, Francisco Muñoz Alberola, José Torres Lledó y Luis Vicedo Cremades.

[21]José Alenda Alberola, Manuel Calatayud Gil, José Cremades Vicedo, Gaspar Mira Martínez y Antonio Soria Gabaldón.

[22]Manuel Gras Urios. El fallecido era en realidad su hermano Antonio, caído en el frente, lo que elevaría esta suma, finalmente, a seis.

[23]Mariano Ferrer Lloret.

[24]Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. BOE,  27/12/2007.

[25] Jesús DE ANDRÉS SANZ, “Los símbolos y la memoria del Franquismo”, Estudios de Progreso nº 26, pág. 18, Madrid, 2006.

[26]Nomenclatura del callejero, edificios públicos, monumentos, actos públicos, celebración de festividades, etc.