Represaliados y delatores
GERARDO MUÑOZ 13.01.2014 | 19:36http://www.diarioinformacion.com/opinion/2014/01/13/represaliados-delatores/1457119.html
Nada más ocupar la ciudad de Alicante, las autoridades franquistas iniciaron las represalias contra todas aquellas personas que se opusieron al golpe de Estado. Además de castigar a los refugiados que habían sido confinados en los campos de concentración, comenzaron a buscar a quienes habían huido o se habían escondido. Tanto el fiscal militar como el Tribunal de Responsabilidades Políticas instaron con firmeza al Ayuntamiento para que colaborase en la recopilación de información sobre los dirigentes republicanos.
Esta colaboración del alcalde y los funcionarios municipales no debió de ser al principio todo lo ágil y eficaz que se esperaba, por cuanto la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación envió un oficio el 28 de julio de 1939 al alcalde alicantino, Ambrosio Luciáñez Riesco, trasladándole una queja del fiscal militar por la falta de rigor de los informes emitidos. Al día siguiente, Luciáñez respondió con otro oficio en el que explicaba que la búsqueda de los antecedentes para los informes había sido encomendada al subjefe de Policía, un oficial del ejército, «quien para tal cometido tiene a sus órdenes inmediatas a cuatro guardias de toda su confianza (?). El número de informes que se despachan es elevadísimo, puede calcularse un promedio de ciento cincuenta al día, dato que por sí solo probará a V.S. que, aun poniendo a prueba la mejor buena voluntad, es absolutamente imposible garantizar la exactitud de todos ellos».
Esta reprensión no volvió a repetirse porque Luciáñez tomó las medidas oportunas para complacer tanto a los militares como a los jueces que se encargaban de la depuración política.
El Juzgado Provincial de Responsabilidades Políticas, dirigido por José Mingot Tallo, hizo públicas varias listas de inculpados y ordenó prestar declaración a «cuantas personas tengan conocimiento de la conducta política y social de los inculpados, antes o después de la iniciación del Movimiento Nacional, así como indicar la existencia de bienes a aquellos pertenecientes». Pero la principal fuente de la que se sirvió este tribunal para recoger información fue el Ayuntamiento.
También fueron Luciáñez y sus principales colaboradores quienes se encargaron de la depuración de los funcionarios locales.
La Ley de Depuración de Funcionarios Públicos, aprobada por Franco el 10 de febrero de 1939, antes por tanto de que finalizase la guerra, empezó a aplicarse inmediatamente en Alicante, para lo cual se constituyó un tribunal nombrado por el gobernador civil, con Enrique Ferré Bernabéu como juez instructor y Ginés Puerto Cerdán como secretario, que eran a su vez el secretario y el letrado asesor del Ayuntamiento de Alicante, respectivamente.
«En general, fueron reincorporados a sus puestos los que habían sido cesados después del 18 de julio de 1936, destituidos los nombrados después de esa fecha, suspendidos de empleo y sueldo los nombrados entre febrero y julio de 1936 y sometidos a depuración los nombrados con anterioridad a febrero de 1936. El Ayuntamiento alicantino, por ejemplo, readmitió sin cargo alguno a 159 funcionarios, destituyó a 74 (más a otros 28 que habían abandonado su destino) y dictó sanciones menores contra 4», resume Francisco Moreno Sáez. Casi todos los secretarios de Administración Local que fueron reincorporados eran adictos al «Glorioso Movimiento Nacional».
Para conservar su empleo, algunos funcionarios recurrieron a una rápida conversión política, no exenta a veces de una actitud vergonzosa y delatora. Este es el caso del que fuera conserje-administrador del cementerio municipal de Alicante, Tomás Santonja Ruiz. El 5 de mayo de 1939, Luciáñez envió un oficio requiriendo con urgencia información sobre el comportamiento del personal del cementerio durante los fusilamientos realizados a lo largo de la guerra civil. Cuatro días después, Santonja respondió informando de que casi todos los enterramientos de fusilados en carreteras fueron dirigidos por él personalmente, siendo correcta la actitud de los sepultureros. «Las exhumaciones se hacían acto seguido de su entrega, y eran conducidos por el furgón de la Funeraria, después de haber pasado por el Depósito Judicial del Hospital Civil», escribió. A continuación relataba varios de aquellos enterramientos, mencionando los nombres de los asistentes: el capitán de asalto Rubio Funes, el teniente de asalto Romualdo Maset Martínez, los médicos José Aznar y Manuel Hurtado, los miembros de la Comisión de Justicia Fulgencio Romero y Carmelo Alberola Cortés? Pero al llegar al enterramiento de Primo de Rivera, el encargado del camposanto alicantino aseguró no haber participado en él de manera deliberada:
«El día 29 de Noviembre de 1936, eran próximamente las 2 de la tarde y con el coche del equipo del "Hércules" fueron conducidos 25 presos de la Cárcel Provincial, para ser ejecutados en este Cementerio, el que suscribe abandonó el cargo y marchó á la población, no quise, no podía, presenciar tal monstruosidad.
»Me reintegré á mi domicilio en las últimas horas de la tarde, minutos después otra expedición de 27 presos sacados del Reformatorio de Adultos. Minutos después, me hice cargo de los cadáveres y aquella misma noche, yo personalmente, y ayudado por los sepultureros, fui depositando uno á uno sus cuerpos en la fosa donde reposan.
»Lo que pudiese ocurrir en la tarde del 29 de Noviembre, no estuve presente, (no) puedo justificarlo, sí en todas las demás; estuve ausente de mi cargo, por indicios puedo hacer resaltar, que si bien todo el personal y en todo momento, mantuvo una actitud correcta parece ser que uno solo de ellos, no estuvo á la altura que su misión y cargo requería.
»Cayetano Alarcon, peón-sepulturero, hombre de sentimientos buenos, puede dar luz, sobre la actitud y formas empleadas en esa tarde, por el demas personal.
»Los que cometieron estos asesinatos, no son conocidos se dijo en aquellos días eran de la "Columna de Hierro".»
Eran varios los departamentos municipales que participaban en la elaboración de los informes requeridos por los tribunales de represalia franquista. Uno de ellos era el Archivo.
En agosto de 1939, Luciáñez ordenó a los funcionarios del Archivo Municipal que procedieran «a la busca en las colecciones de periódicos existentes en dicha dependencia, publicados a partir del 16 de Febrero de 1936, de nombre de las personas que actuaron en la política alicantina encuadrados en los partidos políticos y sindicales que integraban el Frente Popular, de los cuales se entresacarán y comunicarán los de los individuos de algún relieve social». En octubre, el alcalde trasladó al Archivo otro oficio del juez en el que se requerían los «componentes de organizaciones marxistas e izquierdistas de todo orden, aparecidas en los periódicos locales, durante el dominio rojo». También se recurrió a la prensa alicantina de años anteriores para buscar datos sobre masones.
Como consecuencia de ello, en el Archivo se elaboraron numerosos informes. Por ejemplo, de Antonio Pérez Torreblanca, José Cremades Fons, Jerónimo Gomáriz Latorre, José Alonso Mallol,Agustín Mora Valero, Marcial Samper Ferrándiz, Fermín y Álvaro Botella Pérez, José López Pérez, Rafael Milla Santos, Lorenzo Carbonell Santacruz, Santiago Martí Hernández,Francisco Doménech Mira, Manuel Pomares Monleón, Luis Massanet Pérez, Heliodoro Valero Mas, Alfredo Solá Falgás, Rufino Arenas Galán?, y de muchos otros políticos, magistrados, sindicalistas y periodistas izquierdistas mencionados en noticias aparecidas en El Luchador o enNuestra Bandera.
Pero no todo el mundo tenía acceso a la hemeroteca municipal. El 31 de julio de 1942 se le comunicó al encargado del Archivo, José María Simón Juan (que había sustituido en el cargo a Eduardo Irlesnada más acabar la guerra) la disposición del fiscal instructor de la Causa General por la que quedaba intervenida «toda la prensa roja que se conserve en el Archivo de su cargo», quedando prohibida su exhibición sin autorización por escrito del alcalde. Además, se le ordenó hacer un inventario de todos los periódicos y revistas publicados «desde 1º de Febrero de 1936 a fines de Marzo de 1939». En el inventario de estos periódicos custodiados en el Archivo figuraban las cabeceras siguientes: El Luchador, Diario de Alicante, Bandera Roja, El Día, Avance, Liberación y Nuestra Bandera.
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Esta colaboración del alcalde y los funcionarios municipales no debió de ser al principio todo lo ágil y eficaz que se esperaba, por cuanto la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación envió un oficio el 28 de julio de 1939 al alcalde alicantino, Ambrosio Luciáñez Riesco, trasladándole una queja del fiscal militar por la falta de rigor de los informes emitidos. Al día siguiente, Luciáñez respondió con otro oficio en el que explicaba que la búsqueda de los antecedentes para los informes había sido encomendada al subjefe de Policía, un oficial del ejército, «quien para tal cometido tiene a sus órdenes inmediatas a cuatro guardias de toda su confianza (?). El número de informes que se despachan es elevadísimo, puede calcularse un promedio de ciento cincuenta al día, dato que por sí solo probará a V.S. que, aun poniendo a prueba la mejor buena voluntad, es absolutamente imposible garantizar la exactitud de todos ellos».
Esta reprensión no volvió a repetirse porque Luciáñez tomó las medidas oportunas para complacer tanto a los militares como a los jueces que se encargaban de la depuración política.
El Juzgado Provincial de Responsabilidades Políticas, dirigido por José Mingot Tallo, hizo públicas varias listas de inculpados y ordenó prestar declaración a «cuantas personas tengan conocimiento de la conducta política y social de los inculpados, antes o después de la iniciación del Movimiento Nacional, así como indicar la existencia de bienes a aquellos pertenecientes». Pero la principal fuente de la que se sirvió este tribunal para recoger información fue el Ayuntamiento.
También fueron Luciáñez y sus principales colaboradores quienes se encargaron de la depuración de los funcionarios locales.
La Ley de Depuración de Funcionarios Públicos, aprobada por Franco el 10 de febrero de 1939, antes por tanto de que finalizase la guerra, empezó a aplicarse inmediatamente en Alicante, para lo cual se constituyó un tribunal nombrado por el gobernador civil, con Enrique Ferré Bernabéu como juez instructor y Ginés Puerto Cerdán como secretario, que eran a su vez el secretario y el letrado asesor del Ayuntamiento de Alicante, respectivamente.
«En general, fueron reincorporados a sus puestos los que habían sido cesados después del 18 de julio de 1936, destituidos los nombrados después de esa fecha, suspendidos de empleo y sueldo los nombrados entre febrero y julio de 1936 y sometidos a depuración los nombrados con anterioridad a febrero de 1936. El Ayuntamiento alicantino, por ejemplo, readmitió sin cargo alguno a 159 funcionarios, destituyó a 74 (más a otros 28 que habían abandonado su destino) y dictó sanciones menores contra 4», resume Francisco Moreno Sáez. Casi todos los secretarios de Administración Local que fueron reincorporados eran adictos al «Glorioso Movimiento Nacional».
Para conservar su empleo, algunos funcionarios recurrieron a una rápida conversión política, no exenta a veces de una actitud vergonzosa y delatora. Este es el caso del que fuera conserje-administrador del cementerio municipal de Alicante, Tomás Santonja Ruiz. El 5 de mayo de 1939, Luciáñez envió un oficio requiriendo con urgencia información sobre el comportamiento del personal del cementerio durante los fusilamientos realizados a lo largo de la guerra civil. Cuatro días después, Santonja respondió informando de que casi todos los enterramientos de fusilados en carreteras fueron dirigidos por él personalmente, siendo correcta la actitud de los sepultureros. «Las exhumaciones se hacían acto seguido de su entrega, y eran conducidos por el furgón de la Funeraria, después de haber pasado por el Depósito Judicial del Hospital Civil», escribió. A continuación relataba varios de aquellos enterramientos, mencionando los nombres de los asistentes: el capitán de asalto Rubio Funes, el teniente de asalto Romualdo Maset Martínez, los médicos José Aznar y Manuel Hurtado, los miembros de la Comisión de Justicia Fulgencio Romero y Carmelo Alberola Cortés? Pero al llegar al enterramiento de Primo de Rivera, el encargado del camposanto alicantino aseguró no haber participado en él de manera deliberada:
«El día 29 de Noviembre de 1936, eran próximamente las 2 de la tarde y con el coche del equipo del "Hércules" fueron conducidos 25 presos de la Cárcel Provincial, para ser ejecutados en este Cementerio, el que suscribe abandonó el cargo y marchó á la población, no quise, no podía, presenciar tal monstruosidad.
»Me reintegré á mi domicilio en las últimas horas de la tarde, minutos después otra expedición de 27 presos sacados del Reformatorio de Adultos. Minutos después, me hice cargo de los cadáveres y aquella misma noche, yo personalmente, y ayudado por los sepultureros, fui depositando uno á uno sus cuerpos en la fosa donde reposan.
»Lo que pudiese ocurrir en la tarde del 29 de Noviembre, no estuve presente, (no) puedo justificarlo, sí en todas las demás; estuve ausente de mi cargo, por indicios puedo hacer resaltar, que si bien todo el personal y en todo momento, mantuvo una actitud correcta parece ser que uno solo de ellos, no estuvo á la altura que su misión y cargo requería.
»Cayetano Alarcon, peón-sepulturero, hombre de sentimientos buenos, puede dar luz, sobre la actitud y formas empleadas en esa tarde, por el demas personal.
»Los que cometieron estos asesinatos, no son conocidos se dijo en aquellos días eran de la "Columna de Hierro".»
Eran varios los departamentos municipales que participaban en la elaboración de los informes requeridos por los tribunales de represalia franquista. Uno de ellos era el Archivo.
En agosto de 1939, Luciáñez ordenó a los funcionarios del Archivo Municipal que procedieran «a la busca en las colecciones de periódicos existentes en dicha dependencia, publicados a partir del 16 de Febrero de 1936, de nombre de las personas que actuaron en la política alicantina encuadrados en los partidos políticos y sindicales que integraban el Frente Popular, de los cuales se entresacarán y comunicarán los de los individuos de algún relieve social». En octubre, el alcalde trasladó al Archivo otro oficio del juez en el que se requerían los «componentes de organizaciones marxistas e izquierdistas de todo orden, aparecidas en los periódicos locales, durante el dominio rojo». También se recurrió a la prensa alicantina de años anteriores para buscar datos sobre masones.
Como consecuencia de ello, en el Archivo se elaboraron numerosos informes. Por ejemplo, de Antonio Pérez Torreblanca, José Cremades Fons, Jerónimo Gomáriz Latorre, José Alonso Mallol,Agustín Mora Valero, Marcial Samper Ferrándiz, Fermín y Álvaro Botella Pérez, José López Pérez, Rafael Milla Santos, Lorenzo Carbonell Santacruz, Santiago Martí Hernández,Francisco Doménech Mira, Manuel Pomares Monleón, Luis Massanet Pérez, Heliodoro Valero Mas, Alfredo Solá Falgás, Rufino Arenas Galán?, y de muchos otros políticos, magistrados, sindicalistas y periodistas izquierdistas mencionados en noticias aparecidas en El Luchador o enNuestra Bandera.
Pero no todo el mundo tenía acceso a la hemeroteca municipal. El 31 de julio de 1942 se le comunicó al encargado del Archivo, José María Simón Juan (que había sustituido en el cargo a Eduardo Irlesnada más acabar la guerra) la disposición del fiscal instructor de la Causa General por la que quedaba intervenida «toda la prensa roja que se conserve en el Archivo de su cargo», quedando prohibida su exhibición sin autorización por escrito del alcalde. Además, se le ordenó hacer un inventario de todos los periódicos y revistas publicados «desde 1º de Febrero de 1936 a fines de Marzo de 1939». En el inventario de estos periódicos custodiados en el Archivo figuraban las cabeceras siguientes: El Luchador, Diario de Alicante, Bandera Roja, El Día, Avance, Liberación y Nuestra Bandera.
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